Sevilla, (EFE).- El exsecretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a tres años de cárcel y multa de 50 millones de euros por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil por financiar actividades propias del sindicato con fondos de la Junta para cursos de formación.
El tribunal, según recoge la sentencia a la que ha tenido EFE este miércoles y de la ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, impone además condenas de entre tres años y seis meses de prisión a otros cuatro excargos del sindicato y absuelve a nueve acusados que actuaron como proveedores de UGT-A a través de sus empresas.
Fernández Sevilla, indica la resolución, aplicó «de forma consciente y fraudulenta» fondos públicos por un importe total de 40,62 millones de euros dedicados a cursos de formación de personas desempleadas y ocupadas a «fines distintos» de los que «debieron destinarse».
De esta forma, UGT-A dispuso de tales fondos para «financiar actividades propias del sindicato, ajenas al fin social para el que las recibieron».
Recurso ante el Supremo
En la sentencia, notificada este miércoles y contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo, el tribunal sevillano aplica la atenuante de dilaciones indebidas e impone al exsecretario general la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas y beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años y medio.
Asimismo, la Sección Tercera impone las mismas condenas a otros tres excargos del sindicato, el exvicesecretario general de istración de UGT-A, la que fuera secretaria de gestión económica del sindicato, y el entonces consejero delegado de la entidad Soralpe.
También condena a la que era responsable del departamento de Compras de UGT-A, aunque en este caso como cómplice y le impone seis meses y dos días de cárcel, multa de 25 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de un año y medio.
En concepto de responsabilidad civil, el tribunal condena a los cinco antiguos cargos del sindicato a que indemnicen a la Junta de Andalucía en la cantidad de 40,62 millones de euros.
Los cuatro condenados como autores de los delitos deberán hacer frente al 99 por ciento de esta cantidad y la condenada como cómplice al 1 por ciento restante, de manera subsidiaria con los condenados como autores hasta el límite de 4,2 millones, que se corresponde con el montante total que se habría defraudado, y se declara responsable civil subsidiaria a UGT-A por el importe total.
Alarma social’
‘Los magistrados tienen en cuenta en su condena la ‘gravedad’ de la conducta desarrollada, el montante de las subvenciones, la cuantía de lo defraudado, la multiplicidad de solicitudes y de modalidades delictivas, el perjuicio causado a los trabajadores a cuya formación estaban destinadas las subvenciones y, en general, para la sociedad.
También se refieren a la «alarma social» que producen actuaciones delictivas como las ahora sentenciadas, más cuando se ejecutan por agentes sociales a los que, precisamente, se les conceden las subvenciones por su defensa de los intereses de los trabajadores y desempleados.
El tribunal rechaza además la atenuante de reparación del daño pedida por las defensas de los investigados por el acuerdo adoptado por UGT-A y el Consejo de Gobierno de la Junta -con aprobación del fraccionamiento del pago en 25 años de la deuda por reintegro de las cantidades no justificadas o defraudadas de las subvenciones recibidas para cursos de formación- que no implica el pago de la deuda reclamada en este procedimiento de forma principal a los acusados y subsidiaria a la UGT.
La Audiencia absuelve a otros nueve acusados enjuiciados como cooperadores necesarios tras actuar como proveedores del sindicato a través de las empresas a las que representaban, al no entender acreditado que tuvieran conocimiento del destino que iba a darse a los descuentos, comisiones o los denominados ‘rappels’ que habían acordado y concedido al sindicato.
Descuentos y comisiones
En el juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicitó siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para cada uno de los cuatro principales condenados, así como cinco años de prisión y también 50 millones de multa para la responsable del departamento de Compras del sindicato, mientras que para los proveedores reclamó la imposición de tres años de prisión y el pago de una multa de 3.600 euros.
La sentencia recoge que, entre 2009 y 2013, por decisión de la Comisión Ejecutiva Regional de UGT-A, se pusieron en marcha una serie de procedimientos de los que se sirvieron de distintos proveedores del sindicato y entidades vinculadas para obtener una vía de financiación y sufragar gastos de estructura propios de la orgización a costa de los fondos públicos concedidos con las subvenciones de las que resultó ser beneficiaria.
Entre otras cuestiones, hace referencia a la obtención de descuentos y comisiones de los proveedores que no figuraban en las facturas presentadas como justificación de gastos ante el órgano concedente de la subvención.
Al ocultar su realidad, se conseguía así imputar íntegramente su importe a la subvención sin tener en cuenta el descuento pactado, con lo que UGT-A se quedaba con la diferencia entre el coste declarado y lo realmente soportado.
Facturas genéricas y ‘bote’
El tribunal alude a la confección de facturas de proveedores y otros documentos contables con conceptos genéricos, por bienes no vendidos o servicios no realizados, a los que se les adjudicaba un valor superior al que realmente tenían, o por bienes o servicios propios del sindicato pero sin vinculación con la subvención a la que se imputaban.
La Sección Tercera pone de manifiesto que, con dichas facturas, justificaron «mendazmente» ante la istración pública gastos imputados a los fondos públicos recibidos para programas de formación, un mecanismo que vino a denominarse ‘bote’.
Este ‘bote’, según la sentencia, implicaba el encargo a los diferentes proveedores de la emisión de facturas que no correspondían a ninguna prestación de servicios o suministro de bienes o que era de un importe inferior.
‘Mecánica defraudatoria’
En el desarrollo de esta ‘mecánica defraudatoria’ dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor del exvicesecretario general de istración de UGT-A, que fue quien se encargó personalmente de establecer las condiciones en la relación del sindicato con los proveedores.
La Sección Tercera de la Audiencia absuelve a todos los acusados que fueron juzgados como proveedores del sindicato, al estimar que la responsabilidad que se les podría atribuir debe ser la relacionada y concretada a los expedientes de subvención objeto del procedimiento y no a su relación global con el sindicato, que no es objeto de acusación. EFE
