Plasencia (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ha acordado la apertura de juicio oral contra cinco personas relacionadas con la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) y la Federación Empresarial Placentina (FEP) por un delito de fraude de subvenciones públicas en los cursos de formación.
Fueron impartidos por sindicatos y patronales en la región a comienzos de la pasada década.
La Fiscalía pide penas de cárcel
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, se solicitan para cada una de la personas físicas acusadas la pena privativa de libertad de dos años y seis meses de prisión y la pena pecuniaria de multa de 1.100.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de tres meses en caso de impago.
También la pena ria de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante cuatro años.
De igual forma, para cada una de las personas jurídicas acusadas (CREEX y FEP), la Fiscalía ha pedido multa de 1.500.000 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años.
Se mantiene la situación de libertad de las personas acusadas y se declara órgano competente para conocer y juzgar esta causa al Juzgado de lo Penal que por turno corresponda de Badajoz.
La denuncia de 2015
El Gobierno del popular José Antonio Monago dio trasladado a la Fiscalía Anticorrupción en 2015 de un presunto fraude «a gran escala» con los cursos de formación de ocupados por parte de la CREEX, los sindicatos CCOO y UGT, y la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura.
Solo en la convocatoria de 2011, la única analizada hasta el momento por el Ejecutivo regional, el presunto fraude superaría los más de tres millones de euros, según afirmó en rueda de prensa la entonces consejera de Empleo, María de los Ángeles Muñoz.
Según los datos de la auditoría que encargó el Gobierno extremeño, las irregularidades detectadas podrían constituir un delito contra la Hacienda Pública.
Consistirían principalmente en que los gastos facturados por las citadas entidades son superiores al coste real y que este último no se ajusta a las condiciones de mercado.
