Palma (EFE).- La secretaria de Estado de Igualdad, Aina Calvo, ha insistido este jueves en la importancia de las estrategias de coeduación, las acciones de sensibilización, el conocimiento y la evidencia científica ante quienes niegan los diversos tipos de violencia sexual, un asunto que le “ocupa” y “preocupa”.
Calvo ha inaugurado esta mañana las Jornadas Sobre Violencia Sexual en un acto que ha acogido el edificio Son Lledó de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) en Palma, acompañada del rector de la UIB, Jaume Carot, y el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez.
“La sensibilización es importante por más que haya quien se emperra en señalarnos que es dilapidar el dinero de todos. La concienciación requiere inversión y requiere profesionalidad, conocimiento y evidencia científica. Al negacionismo se le vence desde la evidencia”, ha aseverado la secretaria de Estado de Igualdad durante su intervención.
Calvo ha tildado de “imprescindible” la formación de los profesionales implicados en este ámbito, de la labor de los docentes en materia de coeducación y la importancia de la sensibilización de la sociedad.
Ha mencionado la necesidad de seguir trabajando contra la violencia sexual y el sencillo de los adolescentes a la pornografía a golpe de clic, que interfiere en el entendimiento de las relaciones afectivas entre jóvenes, y que resulta un nexo “inquietante” entre la prostitución y la trata y el tráfico de personas, mayoritariamente de mujeres y niñas.
Revisión del Pacto de Estado
Calvo también ha recalcado la revisión del Pacto de Estado, en un momento en el que se están empezando a analizar las nuevas medidas. “Creo que es importante tener presente que obviamente estas nuevas formas de violencia, de expresión y de acción violenta a través de la violencia digital forman parte de las nuevas medidas que vamos a tener que abordar”, ha apuntado.
Se ha referido, además, a la relevancia de la acción legislativa a través de dos proyectos en tramitación. Así, ha mencionado el anteproyecto de la ley orgánica integral contra la trata de personas con fines de explotación sexual, y el anteproyecto para garantizar los derechos de los menores en el ámbito digital, que también se encuentra en tramitación.
Calvo ha avanzado los resultados de un análisis de unos 650.000 anuncios digitales de ofertas de prostitución presencial con 114.000 mujeres implicadas y con unas 92.000 que podrían ser víctimas de explotación sexual o de trata con fines sexuales. De acuerdo con los valores de riesgo extremo de trata, ha apuntado que se identificaron a unas 9.000 mujeres, una situación que preocupa.
“Si reconocemos la prostitución como violencia sexual, la obligación como sociedad es luchar contra esta prostitución y ello significa trabajar contra las mafias de trata de personas que se lucran con la explotación sexual”, ha afirmado el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez.
También ha abogado por insistir para que muchos hombres puedan entender que, a través del dinero, “no pueden disponer de la dignidad de otra persona”.
Rodríguez ha lamentado la multitud de riesgos que hay en la red para los más jóvenes, una situación muchas veces impulsada por las propias plataformas que buscan el lucro con la pornografía, “una visión que evidentemente no educa y no puede ser la enseñanza de nada porque lo que hace es confundir”.
Preocupación de familias y profesionales
En su primera edición, con estas jornadas se pretende abordar con la ayuda de expertos de diferentes ámbitos, el impacto del consumo en línea de pornografía por parte de adolescentes sobre la formación de actitudes y conductas y cómo esto distorsiona su percepción de la sexualidad.
Además de las ponencias de especialistas, el programa incluye la presentación del estudio “Only Fans. Un espacio blanqueado del negocio del sexo”, de Laura Barrios, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes del Observatorio de Violencias Sexuales.
También se desarrollan dos mesas redondas; una de ellas, con intervención de representantes de la Fiscalía, Policía Nacional, Guardia Civil, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y la segunda dedicada al uso del lenguaje en los medios audiovisuales.
Todas estas propuestas quieren contribuir a la comprensión de un fenómeno que se ha convertido en una seria preocupación para familias y profesionales de la educación, y que constituye una cuestión de Estado.
